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Boletín de prensa 6 de octubre de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO Y CORTES LOGRAN ACUERDO EN REFORMA DE LA JUSTICIA
El acuerdo entre el Gobierno y las cortes se pactó en la Casa de Nariño.
En la noche de este miércoles se aprobó el primer paquete de artículos del proyecto.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que se concretó un acuerdo entre el Gobierno, el Congreso y las altas cortes para sacar adelante la reforma de la Justicia, que llevó a que el Congreso aprobara en primer debate esta reforma.
"Hemos logrado un paso importante en recuperar el equilibrio y la armonía entre los poderes", anunció Santos.
En compañía de los presidentes de los altos tribunales, ponentes del proyecto, congresistas e integrantes del gabinete, el mandatario destacó que ese acuerdo es la demostración de que las tres ramas "pueden trabajar juntas buscando objetivos que convienen a la patria y el país".
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, reconoció que se llegó a unos principios de acuerdo en unos puntos específicos que, si bien no son todos, "son muy importantes y son los que, en un comienzo, nos mantuvieron alejados o sobre los que hubo mayor diferencia".
El Gobierno también incorporó a esta reforma una proposición que busca fortalecer el fuero militar para abrir el camino hacia un marco jurídico especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública, cuando se cometan delitos relacionados con la prestación del servicio.
Con esta propuesta se pretende que toda acción castrense que amerite una investigación sea asumida en primera instancia por la justicia penal militar y, si es el caso, después pase a la ordinaria.
La idea es que el fuero militar también cobije a los miembros de la Policía y que toda acción militar esté cobijada por la "presunción" de que está relacionada con la prestación del servicio.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, explicó que la Constitución ya reconoce a la Policía como miembro de la Fuerza Pública, por lo que es necesario clarificar que sus acciones deben ser analizadas por la justicia penal militar.
Tras reiterar que en la tropa hay "preocupación" por el sentido de los fallos judiciales cuando están relacionados con acciones militares, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó que esta iniciativa "no amplía el fuero militar; de hecho, mantiene su espíritu".
"De ninguna manera, por razones de principios y valores, pero al mismo tiempo por razones de cumplimiento de la ley y la Constitución, nadie puede pensar que lo que se está buscando es crear un marco para facilitar la impunidad", precisó Pinzón.
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que "hay que definir claramente qué son actos de servicio y cuáles no lo son, como también cuáles son las instancias y quiénes deben integrar los tribunales de juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública".
CONGRESO APROBÓ EN PRIMER DEBATE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma de la justicia.
El proyecto es una de las prioridades del Gobierno e incluyó el fortalecimiento del fuero militar.
Pasada la medianoche de este miércoles, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma de la justicia, considerado una de las prioridades de la agenda legislativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Tras un debate que duró más de 15 horas, los miembros de esa célula legislativa le dieron vía libre a la iniciativa para ser discutida, en segundo debate, en la plenaria del Senado.
Con una proposición del Gobierno, se aprobó el fortalecimiento del fuero militar, que es considerado necesario como base de un marco especial para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.
Los legisladores también aprobaron implementar la doble instancia en el juzgamiento a congresistas bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.
También se dio vía libre a la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para darle paso a un tribunal especial, integrado por juristas con calidades de magistrados, que se encargarán en la investigación y juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
Frente a la descongestión judicial se avaló que notarios y algunos abogados tengan facultades de jueces para dirimir procesos considerados de pequeñas cuantías, mientras que a las altas cortes se le quitarán algunas funciones de elección.
Se ampliará la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes de 65 a 70 años y se volverá al sistema de cooptación para elegir a los integrantes de estos tribunales.
El tema de la tutela, por común acuerdo de las partes, no se tocó y seguirá funcionando como hasta hoy en día, lo que indica que estos fallos deberán enviarse finalmente a la Corte Constitucional, que decidirá si los selecciona o no para revisión.
Para el presupuesto de la rama judicial se acordó que será anualmente, según el índice de inflación esperado más un dos por ciento adicional.
Durante todo el debate se presentaron opiniones divididas frente a algunos temas, como en lo relacionado a darles facultades a los particulares para dirimir procesos de pequeñas causas o el apartado que le permite a las partes recaudar pruebas en procesos judiciales, facultad que hoy solo tienen los funcionarios de la rama.
CORTE DECIDE SI PROYECTO DE HÁBEAS DATA SE CONVIERTE EN LEY
Los vicios que tenía su articulado fueron subsanados por el Congreso de la República.
Los magistrados de la Corte Constitucional reunidos en Sala Plena desde la mañana de este miércoles, deciden si el proyecto de ley estatutaria que regula el manejo de la información y las bases de datos privadas de las personas puede ser sancionado por el Presidente.
La ley de Hábeas Data entrega beneficios a los deudores morosos reportados en las entidades financieras del país. El proyecto que estudia la Corte establece un plazo para ponerse al día por una única vez y ser retirado de manera definitiva, de las listas de deudores.
La iniciativa ya había sido devuelta al Congreso por errores de trámite en su aprobación. Los vicios encontrados por la Corte fueron corregidos en la Plenaria de Cámara y, después, regresó al alto tribunal.
La nueva normatividad busca, además de regular el proceso para actualizar las bases de datos en las entidades financieras sobre sus deudores morosos, obligar a que si una persona paga sus deudas esta pueda contar con un reporte positivo, que le permita tener una vida financiera normal.
POLÍTICA REFORMA A LA JUSTICIA NO ACABARÁ EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Así lo confirmó en la Casa de Nariño el presidente de ese alto tribunal, Angelino Lizcano.
"Se salva el Consejo Superior de la Judicatura como símbolo de la autonomía e independencia judicial", con algunas reformas en su funcionamiento, dijo el magistrado.
A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, confirmó que "hemos llegado a unos principios de acuerdo en unos puntos específicos que, si bien no son todos, a mi modo de ver son muy importantes y son los que en un principio nos mantuvieron alejados o sobre los que hubo mayor diferencia".
El presidente Juan Manuel Santos afirmó que el acuerdo logrado entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial para sacar adelante la reforma de la Justicia, es una demostración de que los tres poderes públicos "pueden trabajar juntos buscando objetivos que convienen a la Patria y el país".
"Quiero felicitar y agradecer el trabajo que se ha venido realizando en estos últimos catorce meses, y agradecer el trabajo del Congreso para que esta reforma se convierta en parte fundamental de nuestra Carta", agregó.
Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión I del Senado, escenario del primer debate de los ocho que deberá surtir la reforma de la Justicia, exaltó que el acuerdo entre los poderes muestra cómo "sí podemos ponernos de acuerdo en medio de las diferencias", y cómo "sí podemos construir sendas que señalen salidas importantes a lo que tiene que ser la Justicia".
EDITORIAL: UNA CRUZADA EQUIVOCADA
La sentencia C-355 no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos.
En agosto pasado, más de 50 senadores y representantes radicaron un proyecto de reforma constitucional para penalizar el aborto en todas las circunstancias. El acto legislativo adiciona una frase al artículo 11 de la Carta Política: "El derecho de cada ser humano a la vida es inviolable y recibirá toda la protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte".
La introducción de este texto marca el inicio de la ofensiva legislativa contra la interrupción voluntaria del embarazo. El articulado viene respaldado no solo por la bancada azul y el ala conservadora de 'la U', sino por la jerarquía católica y varias iglesias protestantes, así como por las rúbricas de más de cuatro millones de colombianos. El proyecto transita actualmente por la Comisión Primera del Senado y ha recibido dos ponencias: una positiva y otra que pide su archivo. Aún no ha surtido el primero de los ocho debates reglamentarios.
Hoy en Colombia, tras la sentencia 355 del 2006 de la Corte Constitucional, el aborto es permitido en tres casos especiales. Cuando hay violación, malformaciones genéticas y grave riesgo para la salud o vida de la madre, una compatriota puede interrumpir su embarazo. En las demás situaciones, este procedimiento es ilegal.
Sin embargo, recientes investigaciones muestran que el fallo del máximo tribunal ha sido sistemática y flagrantemente ignorado por médicos, hospitales, EPS y jueces. Cinco años después de proferida la decisión, solo se han registrado 966 casos. De hecho, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, apenas el 0,08 por ciento de los más de 400 mil abortos anuales que se registran en el país ha sido practicado bajo el amparo de la ley.
Las colombianas siguen recurriendo a la clandestinidad, inclusive aquellas que cumplen con los requisitos constitucionales. Una de las razones de tan triste radiografía es el abierto y desafiante desacato de las clínicas y hospitales a la sentencia. Casi 9 de cada 10 instituciones médicas con capacidad para practicar abortos se negaron.
El proyecto de acto legislativo 06 no es más que la expresión parlamentaria de la arremetida de estos sectores retardatarios contra la aplicación del fallo. Al llevar el debate al Congreso, los conservadores quieren mudarlo del ámbito constitucional al político. A pesar de ello, varios congresistas de 'la U' han salido a defender la despenalización parcial. El tema es tan explosivo dentro de los partidos que la Mesa de la Unidad Nacional dejaría en libertad a sus miembros para votar.
Una iniciativa de tal naturaleza, aparte de inconveniente por razones jurídicas, lo es por motivos de salud pública. Al elevar a texto constitucional la "protección de la vida" desde la fecundación, se abriría la puerta para la prohibición de la fertilización in vitro, la investigación en células madre y hasta los métodos científicos de anticoncepción. Si bien a los sectores conservadores y religiosos les asiste el derecho a modelar la Constitución según su visión del mundo, esto no quiere decir que el resto de colombianos tenga que resignarse a ello.
La sentencia C-355 no es una carta blanca para abortar, como lo pintan sus críticos. Al contrario, limita la traumática opción a tres situaciones extremas para las mujeres. Y, aun dentro de esos límites, los distintos actores estatales, del sistema de salud y de la justicia ignoran el sufrimiento femenino y desdeñan los derechos de la mujer.
La reforma constitucional de los conservadores subordina el déficit de los derechos reproductivos a los principios absolutos de su fe religiosa. Prefiere que el Estado adopte un credo a que cumpla los fallos de sus altas cortes.
EL ESPECTADOR
CON TESTIGO CLAVE, SE REANUDA JUICIO POR DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
El cabo Édgar Villamizar declarará en el proceso que se adelanta contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por el delito de desaparición forzada.
Para este jueves está programado el testimonio de cabo en retiro Édgar Villamizar en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares en el proceso que se les adelanta por el delito de desaparición forzada en los hechos enmarcados durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelanta por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría, han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Según la Fiscalía, Sánchez Rubiano tuvo la responsabilidad en las operaciones de retoma de adelantar labores de inteligencia, entre la cuales estaban identificar a los rehenes que eran trasladados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero.
Como el oficial en retiro, también enfrentan el juicio los sargentos (r) Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes fungieron como subordinados de Sánchez en la retoma del Palacio.
Hace un mes, el Consejo Superior de la Judicatura le solicitó al juez 55 penal de Bogotá que agilice la realización de los testimonios restantes y emita, en los próximos cuatro meses, un fallo judicial en este caso que ya cumple más de seis años.
Pese a que el comandante del B-2 fue el primero en ser capturado por estos hechos, se encuentra actualmente en libertad por vencimiento de términos.
SE DESEMPANTANA PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
Se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Se salva el Consejo Superior de la Judicatura
Así concluyó el primero de ocho debates que tendrá que cumplir este proyecto de enmienda constitucional, cuya relevancia ha logrado acercar al gobierno con las altas cortes, después de más de 10 años de estrictas diferencias.
En un debate que tardó más de 12 horas se definieron aspectos como el acceso real a la justicia, la descongestión judicial, la no eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y las funciones jurisdiccionales a los notarios, entre otros.
Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el principio de acuerdo entre los tres poderes públicos, se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y estará conformado por siete magistrados que se encargarán de investigar al Primer mandatario.
Respecto a la tutela, el proyecto no establece modificación alguna, con el fin de "avanzar en el trámite y discusión del proyecto", tal como lo aseguró el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), presidente de la Comisión Primera del Senado.
Con el fin de descongestionar la justicia, los funcionarios administrativos, como notarios y abogados, podrán evacuar procesos distintos a los de carácter penal y contencioso administrativo; sin embargo, según lo estableció una proposición del senador Juan Carlos Vélez (Partido de la U), los funcionarios no podrán recoger pruebas, ni proferir sentencias judiciales.
"En materia de descongestión se va a acudir a muchas instancias para adelantar un plan de choque para que se fallen en algo más de cinco años, un millón seiscientos mil procesos represados con la participación de abogados litigantes y funcionarios actuales de la rama judicial, centros de arbitrajes y conciliación", explicó el ministro Germán Vargas Lleras.
Además, mediante una proposición del ministro Vargas Lleras, la rama judicial contaría con un presupuesto de un billón de pesos, dividido en 200 mil millones durante cinco años (siguientes a la sanción de la ley), los cuales se destinarán a procesos de descongestión judicial.
Asimismo, el proyecto ofrece facultades a inspectores de policía para atender casos de pequeñas cuantías y así descongestionar aquellos en los que se aplique la desjudicialización de los delitos menores. De esta manera, avanza el trámite de la iniciativa que tendrá que superar 8 debates en la Corporación antes del 20 de julio de 2012.
JUSTICIA PENAL MILITAR ACOGERÍA TODAS LAS INVESTIGACIONES CONTRA UNIFORMADOS
La propuesta sería incluida en la reforma a la justicia que inició el Senado a debatir este miércoles.
El Gobierno Nacional pidió a los ponentes de la reforma a la justicia que aborden el polémico tema de la justicia penal militar. Según la idea, es que sea esa justicia especializada y no la ordinaria, la que conozca e investigue los hechos presuntamente delictuosos cometidos por las Fuerzas Militares.
El senador Juan Carlos Vélez dijo que sigue en estudio dicha posibilidad para incluir un inciso que dice claramente que la Justicia Penal Militar tendrá que conocer de todas aquellas conductas que se hayan cometido en razón de un combate militar.
“Eso quiere decir que el primero que va a llegar al lugar de los hechos va a ser la Justicia Penal Militar y no la Justicia Ordinaria como hoy está ocurriendo, eso ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad”, precisó Vélez.
El congresista manifestó que es necesario abordar la discusión sobre este tema, porque según él, el freno que están teniendo los militares en su accionar contra las Bandas Criminales y la guerrilla, se debe al temor que les genera el enfrentarse a la Justicia Ordinaria.
Vélez precisó en diálogo con RCN que es razonable que desde el primer momento la claridad sobre la actuación de Justicia Penal Militar sea objeto de debate, para que durante las siete discusiones restantes, el Congreso decida si se aprueba o no de forma definitiva.
“Si no se incluye en el primer debate, no podríamos hacerlo en debates subsiguientes en razón a que se violaría el principio de consecutividad de las reformas constitucionales, que dice que todo tema que se incluya en el proyecto, tendrá que discutirse en sus 8 debates”, agregó el senador.
SE SALVA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Así lo determinó el Gobierno este miércoles en la noche, después de un largo debate con los presidentes de las Cortes.
Después de un largo debate, la Comisión Primera del Senado rechazó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los principales puntos, y más polémicos, del proyecto de reforma a la justicia presentado por el Gobierno.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos señaló que “se llegó a un acuerdo sobre la continuidad del Consejo Superior de la Judicatura”.
El primer mandatario aclaró que la decisión se tomó después de un “intenso debate” en el que participaron los Ministros de Justicia y del Interior, así como los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
“Yo celebro enormemente este paso, ustedes todos, el país entero saben muy bien que he sido un gran defensor de la teoría de la armonía necesaria entre los poderes públicos y la necesidad de trabajar con la misma dirección y con los mismos objetivos”, dijo el mandatario.
Santos destacó los alcances del acuerdo y manifestó que se busca una justicia ágil para el país y descongestionar los procesos judiciales.
Puntualizó que este “es un paso importante que fortalece nuestra democracia, que da una demostración más de que tenemos una democracia donde los poderes públicos pueden trabajar juntos, guardando nuevamente, y siempre insistiendo en su respectiva independencia”.
Armonía entre poderes
Por su parte el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, dijo que el trabajo permitió llegar a un acuerdo en puntos específicos de la reforma.
“Finalmente hubo una conciliación para beneficio de este proyecto, en el propósito de que esta reforma redunde en el fortalecimiento de la justicia, y desde luego, en el ciudadano común de aquel que reclama justicia”, señaló Tarquino.
De igual manera, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, resaltó que este proyecto se ha trabajado arduamente siempre teniendo en cuenta lo vital para la justicia, “es garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en forma ágil, eficaz y transparente”, subrayó.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, indicó que con este acuerdo se observa la armonía entre poderes, pues se identificaron los puntos de convergencia en la Reforma a la Justicia.
Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco resaltó cómo los poderes públicos pueden trabajar en armonía y llegar a conciliar los distintos aspectos de la reforma. “Esta noche es importante si podemos ponernos de acuerdo en medio de las diferencias, sí podemos construir sendas que señalen salidas importantes”, concluyó.
Puntos del acuerdo:
Posibilidad de acceso real a la justicia: se creará un mecanismo ágil de desjudicialización. La idea es que muchos de los procesos que hoy llegan a los jueces sean desjudicializados y que se puedan resolver por conciliaciones, ante inspectores de policía e inclusive ante abogados.
Justicia más cercana: los temas de barrio y de día a día que no tengan que a donde los jueces.
Ejercicio de descongestión: para los más de dos millones de procesos represados por un periodo de cinco años se garantizará que a particulares se le puedan dar casos que no sean penales o administrativos.
Doble instancia para congresistas: Se crean magistrados instructores y magistrados juzgadores de primera instancia. Como segunda instancia se acoge la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Tutela: La tutela no será tocada pues está funcionando bien.
Comisión de Acusaciones: Se acaba la Comisión de Acusaciones y se crea un tribunal de nueve magistrados del más altos nivel para que hagan las indagaciones de los expresidentes principalmente.
GOBIERNO, CONGRESO Y CORTES HABRÍAN LLEGADO A ACUERDO EN REFORMA A LA JUSTICIA
Hace pocos minutos inició la cumbre de poderes en la Casa de Nariño. Tras el encuentro, el presidente daría a conocer el acuerdo.
Las tres ramas del poder habrían llegado a un acuerdo en las últimas horas alrededor de la reforma a la justicia.
Después de nueve años de distanciamientos entre el Gobierno y las Altas Cortes, principalmente, se inició una cumbre de poderes en la Casa de Nariño.
Todo indica que el presidente Juan Manuel Santos tras el encuentro con los magistrados de las Cortes, junto a los legisladores ponentes de la reforma a la justicia, daría a conocer el acuerdo.
Puntos del acuerdo:
Posibilidad de acceso real a la justicia: se creará un mecanismo ágil de desjudicialización. La idea es que muchos de los procesos que hoy llegan a los jueces sean desjudicializados y que se puedan resolver por conciliaciones, ante inspectores de policía e inclusive ante abogados.
Justicia más cercana: los temas de barrio y de día a día que no tengan que a donde los jueces.
Ejercicio de descongestión: para los más de dos millones de procesos represados por un periodo de cinco años se garantizará que a particulares se le puedan dar casos que no sean penales o administrativos.
Doble instancia para congresistas: Se crean magistrados instructores y magistrados juzgadores de primera instancia. Como segunda instancia se acoge la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Tutela: La tutela no será tocada pues está funcionando bien.
Consejo Superior de la Judicatura: Se elimina ese tribunal y se crea la sala administrativa y los magistrados de la sala disciplinaria mantienen sus funciones.
Comisión de Acusaciones: Se acaba la Comisión de Acusaciones y se crea un tribunal de nueve magistrados del más altos nivel para que hagan las indagaciones de los expresidentes principalmente.
El presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco, confirmó que el presidente desea darle a conocer al país los términos del acuerdo.
Sobre las 6 de la tarde fue aprobado el informe de ponencia de la reforma.
REVISTA SEMANA
EL 'ENREDO' DEL GOBIERNO PARA EL JUZGAMIENTO DE AFORADOS
Al proponer la eliminación de la Comisión de Acusaciones, la fórmula del gobierno para disciplinar a magistrados es confusa. Las cortes terminarían investigándose unas con otras. Y la nueva corte propuesta no tendría quién la investigue.
el gobierno apostó definitivamente por eliminar las funciones judiciales de la Cámara de Representantes. En la ponencia de la reforma a la justicia, propuso eliminar la Comisión de Acusaciones y darle un auténtico revolcón a los procesos disciplinarios y penales contra los altos dignatarios del Estado.
La Comisión de Acusaciones, según la Constitución de 1991, es la encargada de disciplinar a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general y al presidente de la República. Pero ese estigma histórico que carga por su ineficacia llevó a que el gobierno decidiera proponer su eliminación.
Sin embargo, en la reforma a la justicia, las funciones que hoy desempeña la Comisión serán repartidas entre las altas cortes para los casos disciplinarios de los magistrados.
Y en cuanto a las investigaciones penales, se propone la creación de una ‘Comisión Especial’, integrada por nueve magistrados, que sería la encargada de adelantar estos procesos a aforados.
Pero la fórmula planteada por el gobierno no sólo es confusa, sino que abriría las puertas a choques entre las cortes, pues terminarían investigándose unas con otras.
Tú me investigas, yo te investigo
Según la ponencia acordada entre el gobierno y los partidos políticos de la coalición, así quedarían las investigaciones disciplinarias contra magistrados:
La Corte Suprema de Justicia investigará a los magistrados del Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo de Estado harán lo propio con los de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Constitucional, entre sus nuevas funciones, investigaría a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y estos, a su vez, investigarían a los magistrados de la Corte Constitucional.
Aunque esta propuesta aún no ha sido plenamente abordada por el Congreso, algunos constitucionalistas consideran que la fórmula del gobierno para suplir las funciones de la Comisión de Acusaciones traería más de un inconveniente.
Esta fórmula, por ejemplo, conduciría a lo que comúnmente se conoce como “tú me investigas y yo te investigo”. Y hay dudas de que esas investigaciones puedan tener independencia.
En esos casos, según considera el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, la independencia sólo la garantizaría el funcionario judicial. “Habría que confiar en las calidades de cada magistrado”.
Sin embargo, Beltrán explica que esta fórmula podría generar “roces entre las latas cortes, y la posibilidad de impedimentos y recusaciones son muy altas. Terminaríamos en la designación permanente de conjueces en cada investigación disciplinaria”.
Los líos de la ‘nueva Corte’
Pero no sería el único inconveniente, pues para los procesos penales contra altos dignatarios, y en reemplazo de la Comisión de Acusaciones, el gobierno propone la creación de la ‘Comisión Especial de Investigación’.
Esta comisión estaría conformada por nueve investigadores, elegidos por la Cámara de Representantes, para un periodo fijo e independiente de ocho años. Estos investigadores o instructores deberán acreditar las mismas calidades para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
En principio, la idea parece oportuna. “La Comisión de Acusaciones ha estado integrada por congresistas que en muchos casos no son abogados y que, por su condición, podrían politizar sus investigaciones”, considera el exmagistrado Alfredo Beltrán.
Pero según la ponencia de la reforma a la justicia, esta Comisión Especial de Investigación no sólo se constituiría en una nueva alta corte, sino que el proyecto no establece quién los investigaría.
“Ahí hay un vacío jurídico, porque se crea una corte que no tendría control disciplinario. En una democracia no puede haber nadie que se exima de responder por sus actos oficiales o privados”, explica Beltrán.
De ser aprobada esta propuesta, dicen en el Congreso, el gobierno tendría que llevar una nueva reforma constitucional para establecer quién investiga a estos instructores.
Pero la creación de esta nueva corte también le significaría elevados costos al Estado, más aún cuando en la reforma a la justicia se mantiene el pulso entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado (vocero de todas las altas cortes en la reforma a la justicia) por fijar el presupuesto del poder judicial.
Crear una Comisión Especial de Investigación, cuyos nueve magistrados –según el proyecto– deben tener las mismas calidades de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, podría significar una alta inversión.
Más allá de los sueldos (22 millones de pesos mensuales cada magistrado), al establecer que serán de las mismas calidades de magistrados de la Corte Suprema, el Estado tendría que garantizar el mismo aparato logístico de esa corporación. Por ejemplo, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen hasta tres magistrados auxiliares.
Para el exmagistrado Alfredo Beltrán la propuesta de eliminar la Comisión de Acusaciones es “saludable”, pero quizás la medicina resulta peor, o al menos más compleja que la enfermedad.
REFORMA A LA JUSTICIA SUPERA DEBATE, TRAS ACUERDO TRIPARTITO
Durante la discusión, Cortes, Congreso y Gobierno llegaron a una conciliación sobre la iniciativa. "Es un paso importante que fortalece nuestra democracia", expresó el presidente Juan Manuel Santos.
Tras un debate de casi 15 horas, en el que hubo amagues de naufragio, la reforma a la Justicia superó la primera de ocho discusiones que debe surtir antes del 20 de julio de 2012. Esta vez el escenario fue la Comisión Primera del Senado, donde se alcanzaron los primeros acuerdos entre las tres ramas del poder público para el avance del proyecto.
Gobierno, Congresistas y Altas Cortes estuvieron presentes en el arduo debate en que finalmente se determinó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara sería eliminada, a diferencia del Consejo Superior de la Judicatura que mantendría sus funciones aunque con modificaciones en su estructura.
El proyecto de enmienda constitucional también contempla aspectos como el acceso real a la justicia, la descongestión judicial, y las funciones jurisdiccionales a los notarios, independencia y autonomía de la rama judicial, entre otros.
La iniciativa empezó a ver vio la luz ‘al final del túnel’ en la tarde del miércoles luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara el principio de acuerdo entre los senadores de la Comisión, ponentes de la Reforma a la Justicia; los ministros de Justicia y del Interior, la Corte Suprema, y los Consejos de Estado y de la Judicatura.
“Han llegado a un acuerdo, a un acuerdo sobre el contenido de la reforma que en este momento se está discutiendo”, dijo el mandatario.
“Yo celebro enormemente este paso, ustedes todos, el país entero saben muy bien que he sido un gran defensor de la teoría de la armonía necesaria entre los poderes públicos y la necesidad de trabajar con la misma dirección y con los mismos objetivos”, añadió.
Según la Casa de Nariño, Santos Calderón puntualizó que “es un paso importante que fortalece nuestra democracia, que da una demostración más de que tenemos una democracia donde los poderes públicos pueden trabajar juntos, guardando nuevamente, y siempre insistiendo en su respectiva independencia”.
Puntos
Durante el debate, se estableció la posible creación de un tribunal de instrucción, que reemplazará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y estará conformado por siete magistrados que se encargarán de investigar al primer mandatario.
Respecto de la acción de tutela, el proyecto no establece modificación alguna, con el fin de "avanzar en el trámite y discusión del proyecto", tal como lo aseguró el senador liberal Luis Fernando Velasco.
Con el fin de descongestionar la justicia, los funcionarios administrativos como notarios y abogados, podrán evacuar procesos distintos a los de carácter penal y contencioso administrativo.
Sin embargo, según lo estableció una proposición del senador del Partido de La U, Juan Carlos Vélez, los funcionarios no podrían recoger pruebas, ni proferir sentencias judiciales. Este punto fue particularmente dispendioso, pues Vélez dijo desconocer los acuerdos entre las tres ramas, algo que terminó por empantanar varias veces la discusión.
En cambio, sin inconvenientes pasó la propuesta de última hora del Gobierno para que se establezca constitucionalmente que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares, y “en todo caso” se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio.
Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por cuenta de la controvertida norma sólo serían de conocimiento de la justicia ordinaria los delitos de lesa humanidad o genocidio, la tortura, la desaparición forzada.
Para al alto funcionario la propuesta no amplía el fuero de la justicia militar sino que lo confirma, dado que hace referencia a delitos que ya están contemplados en el artículo tercero del Código Penal Militar y Policial.
Por su parte, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras explicó que en materia de descongestión "se va a acudir a muchas instancias para adelantar un plan de choque para que se fallen en algo más de cinco años más de 1,6 millones de procesos represados con la participación de abogados litigantes y funcionarios actuales de la rama judicial, centros de arbitrajes y conciliación".
Además, la rama judicial contaría con un presupuesto de un billón de pesos, que será dividido en 200.000 millones de pesos a los largo de cinco años, que se destinarán a procesos de descongestión judicial.
Asimismo, el proyecto ofrece facultades a inspectores de policía para atender casos de pequeñas cuantías y así descongestionar aquellos en los que se aplique la desjudicialización de los delitos menores.
EL NUEVO SIGLO
PROHIBICIÓN DE HUELGA NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN”
La prohibición de ejercer el derecho de huelga en establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia no estaría vulnerando el artículo 56 de la Carta Política.
Así lo consideró el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al solicitar a la Corte Constitucional declarar exequible el literal d, del artículo primero del Decreto que estableció la prohibición de la huelga en ese tipo de actividades.
El procurador general indicó que la huelga es un mecanismo propio de las relaciones laborales, en virtud del cual los trabajadores suspenden o detienen su acción, con el fin de lograr un propósito determinado, el cual está vinculado a derechos sociales y económicos de los trabajadores.
Precisó que la restricción al derecho a la huelga, cuando se trata de servicios públicos esenciales, se justifica por el impacto e incidencia que el cese de actividades en estos servicios tiene frente a los derechos y a las libertades fundamentales de otras personas que, sin ser parte del conflicto laboral, se ven afectadas de manera desproporcionada.
Para el Jefe del Ministerio Público las actividades de asistencia social, de caridad y de beneficencia, que a lo largo de la historia han sido atendidas por instituciones como la familia, la iglesia y organizaciones privadas, denominadas fundaciones, y también por el Estado, no son actividades de cualquier índole, por cuanto están llamadas a satisfacer las apremiantes necesidades de los más débiles de la sociedad, de personas que requieren de dicha asistencia, caridad y beneficencia, como un asunto vital para su subsistencia y para procurarse una serie de bienes y servicios imprescindibles. Indicó que a este grupo de personas suelen pertenecer los niños, los ancianos e individuos con dificultades físicas, psíquicas y sensoriales, cuya condición de debilidad manifiesta, en no pocos casos, agravada por su pobreza y por la carencia de un grupo familiar que los acoja y cuide, las hace merecedoras de la calificación de sujetos de especial protección constitucional.
En concepto del procurador general, la vulneración de los derechos fundamentales de estos sujetos, que por causa de la huelga puede ser gravísima, pone en claro e inminente peligro su vida, su salud, su dignidad, e incluso su mínimo vital, y puede causarles perjuicios irremediables. Ante la prestación de servicios de este tipo, que son imprescindibles para las personas que los reciben, no es razonable sostener que éstas deben soportar de manera paciente su no prestación, pues está en juego su propia supervivencia.
TUTELAS CONTRA FALLOS POR FUERA DEL CONSENSO EN REFORMA A LA JUSTICIA
Por fuera del consenso notificado quedó el tema del órgano de cierre en materia de tutela contra sentencia judicial, que hasta el momento mantenía en orillas distintas al Gobierno y a las altas Cortes, fue dejado por fuera del articulado de la iniciativa, para posibilitar el trámite de la ponencia única que condensa los acuerdos logrados.
Al respecto, el Gobierno ha propuesto que sea la Corte Constitucional la que pueda revisar la impugnación de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entre tanto, la iniciativa radicada por este último alto tribunal, plantea que sea cada corte el órgano de cierre de su respectiva jurisdicción.
No obstante, varios senadores lanzaron algunas propuestas para destrabar este aspecto. El senador conservador Hernán Andrade planteó dejar el sistema como actualmente está, pues señaló que las mismas cortes han ido regulando sus reglamentos internos para evitar los choques de trenes que ha generado la tutela contra fallo judicial.
De otro lado, el senador Roy Barreras, de La U, propuso algunos filtros para la revisión de esa clase de tutelas, como que sólo pueda avocar su conocimiento la sala plena de la Corte Constitucional.
Consensos
Entre los temas que se lograron consensos entre senadores ponentes, magistrados y Gobierno, está el que las altas Cortes mantengan sus funciones nominadoras en la elección tanto del Contralor como del Procurador General. El proyecto gubernamental buscaba quitar esas competencias.
Asimismo, hubo acuerdo general en que las altas cortes se disciplinen entre ellas, tal como lo propuso el Gobierno en su iniciativa.
En uno de los temas más controversiales, el de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, según el proyecto gubernamental, hubo también un consenso entre los ponentes en mantener la corporación en su Sala Disciplinaria, pero modificando su Sala Administrativa, tal como está consignado en la propuesta hecha por el Consejo de Estado, donde los integrantes de la misma serán los presidentes de las altas Cortes con un funcionario designado por cada uno de ellos, preferentemente con perfiles administrativos y gerenciales.
Sin embargo, en este aspecto, algunos senadores como Andrade propusieron que se mantuviera a la Judicatura tal como está, con sus dos salas.
Otro tema que generó consenso fue el de la doble instancia en los procesos contra los congresistas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá dos subsalas integrada cada una por tres nuevos magistrados, una de las cuales se encargará de la investigación de los aforados, la otra de la primera instancia y los nueve magistrados actuales de la Sala de Casación Penal, serán la segunda.
Uno de los aspectos en los que hubo mayores consensos fue el propuesto por el Consejo de Estado, de elevar a mandato constitucional los derechos de los consumidores.
De igual manera, la totalidad de los senadores miembros de la Comisión Primera se mostraron de acuerdo con incrementar la participación del poder judicial del presupuesto general de la nación. En la ponencia se incluyó aumentar del dos al tres por ciento, aunque varios legisladores se mostraron de acuerdo con incrementarlo aún más.
También no tuvo mayores contratiempos la propuesta de eliminar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En su lugar se creará una comisión adscrita a esa corporación legislativa, pero con miembros que tendrán calidad de magistrados. No se tuvo en cuenta la propuesta hecha por el senador de La U, Manuel Enríquez, de crear la comisión de instrucción encargada de procesar a congresistas, magistrados y altos dignatarios del país.
Además, tuvo buen recibo por parte de la Comisión Primera del Senado la propuesta hecha por el senador Parmenio Cuellar, del Polo, de crear el Consejo Superior de Política Criminal, integrado por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General, entre otros expertos judiciales.
Aparte del tema de la reforma a la tutela, otro en los que no hubo plenos consensos, pero que finalmente fue aprobado, es el de otorgarle facultades jurisdiccionales a abogados y notarios, tal como lo propone el Gobierno y en el que se han apartado las altas Cortes.
El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo, se opuso a tal disposición, argumentando que se estaría violando la independencia judicial.
Otro de los temas que causó polémica en la Comisión, pero que no fue incluido en la discusión de la iniciativa, fue una propuesta presentada por el senador conservador Roberto Gerlein de otorgarle facultades al Presidente de la República de conceder indultos o amnistías a quien considere pertinente.
Quedó también por ahora fuera del trámite de la iniciativa, la propuesta hecha por varios representantes a la Cámara de quitarle la facultad al Procurador General de procesar disciplinariamente a los congresistas.
SIGUE LA DISCUSIÓN SOBRE PENALIZACIÓN TOTAL DEL ABORTO
No para la discusión sobre el proyecto de acto legislativo que promueve el Partido Conservador sobre el derecho a la vida, o penalización del aborto en cualquier caso.
De un lado, la senadora del Polo Democrático, Gloria Inés Ramírez, sostuvo que esta iniciativa va en contravía de los derechos de la mujer.
“La reforma a la Constitución en el artículo 11, es una reforma que va en contravía de los derechos de la mujer, porque hace una satanización de quienes estamos a favor de la despenalización del aborto. Quienes compartimos la despenalización del aborto, no somos promotoras del aborto, somos promotores del derecho a la libertad de decisión. Ese proyecto de ley está sustentado sobre bases que no son científicas y tiene un alto espíritu confesional, es decir, religioso”, dijo la Congresista.
A su turno, uno de los promotores del proyecto, el senador Roberto Gerlein, afirmó que por el contrario, la iniciativa promueve la protección de la mujer desde la concepción y la gestación.
“Lo que estamos protegiendo es la vida de las mujeres que están por nacer, las mujeres que han sido concebidas y están en el proceso de gestación, que van a ser ciudadanas colombianas, están protegidas por el proyecto. A mí me preocupa que quienes comentan el tema, no tengan presente todas las cifras; aquí hay mujeres que abortan en cualquier esquina, son 400 mil los abortos, según los especialistas en la materia, que cada año se producen en Colombia, son 400 mil las muertes, y quien sabe cuántas de ellas hubieran sido mujeres, y entonces, más que desproteger la vida de las mujeres, lo que hace el proyecto es proteger la vida de las que están por nacer”, señaló el Parlamentario.
En un evento convocado la semana pasada por la senadora Ramírez, señalaron que el derecho al aborto es libre, seguro y legal, y forma parte intrínseca de los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad.
RADIO CARACOL
REVOLCÓN EN LA JUDICATURA SÓLO SERÁ DE NOMBRE: MAGISTRADO ANGELINO LIZCANO
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, celebró la aprobación en el primer debate del proyecto de reforma a la justicia e indicó que a partir de ahora sólo faltan siete intensos debates al interior del Congreso de la República.
Añadió que lo importante es que se mantienen las estructuras de una institución que significa la autonomía e independencia de la rama judicial como es el Consejo Superior de la Judicatura.
“Por su puesto haciendo los ajustes que haya que hacer, porque todas las entidades día a día necesitan hacer los ajustes correspondientes para ponerse a tono con la necesidad que plantean los ciudadanos”, subrayó.
Agregó que la estructura y las funciones se mantienen, se está cambiando prácticamente de nombre e integrantes pero las funciones son las mismas.
“Simplemente le estamos cambiando el nombre a la sala administrativa”, comentó el presidente del Consejo Superior de la judicatura, Angelino Lizcano.
Señaló que el Consejo Superior tiene 7 magistrados, los funcionarios de segunda instancia y 24 seccionales por todo el país, entre funcionarios y empleados son en total 413. En la parte administrativa son un poco más de mil servidores.
Explicó que como se aprobó anoche el proyecto se mantendría toda la estructura del Consejo Superior.
De acuerdo con el Magistrado las estructuras pueden cambiar pero que las funciones se mantendrán intactas.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura dijo que la reforma a la justicia penal militar es un tema que viene trabajando el Gobierno Nacional desde el inicio de la actual administración.
REINICIA JUICIO CONTRA CORONEL (R) SÁNCHEZ RUBIANO POR DESAPARECIDOS DE PALACIO DE JUSTICIA
Uno de los testigos 'clave' en el proceso contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, deberá declarar hoy en el juicio al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, investigado por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Edgar Villamizar Espinel, cabo del Ejército, declarará ante un juez en la reapertura del juicio que se adelanta contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, por la desaparición forzada de once personas durante la retoma al Palacio de Justicia en 1985.
El testimonio se da luego de que a principios de septiembre el Consejo Superior de la Judicatura le solicitara al juez 55 penal que agilizara el proceso que se adelanta contra Sánchez Rubiano y otros tres exmilitares por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada pues, según la Fiscalía, eran ellos los encargados de registrar las personas rescatadas que ingresaban a la Casa del Florero donde tenían su mando operacional.
Sánchez Rubiano para la época de los hechos, se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Brigada 13.
Acerca de Villamizar Espinel la Procuraduría señaló previamente, en septiembre de 2009, que uno de los testimonios que había entregado “no se ajustó al Código de Procedimiento Penal y literalmente se practicó a espaldas de las partes”.